La vida es un camino lleno de incertidumbre. Por lo tanto, es normal tropezar y volver a intentarlo. Tanto es así, que en España existe la Ley de Segunda Oportunidad. Un mecanismo para que los pequeños empresarios puedan volver a empezar tras sufrir una situación financiera difícil.
Esta ley apenas ha sido dada a conocer, por lo tanto, su aplicación es mínima. Sin embargo, en la situación actual puede ayudar a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sin precedentes. El Estado de Alarma supuso el cierre de establecimientos con todo lo que ello supone. Es decir, muchos gastos y ningún ingreso.
Por este motivo, algunos empresarios han contraído deudas a las que no pueden hacer frente. En este punto, aparece la Ley de Segunda Oportunidad. Esta legislación surge en 2015 como respuesta a la recesión de los años anteriores.
El gobierno pretendía ofrecer una solución a aquellas personas que se encontraban en circunstancias adversas, económicamente hablando. De este modo, los poderes públicos rompieron una lanza a favor de los pequeños empresarios.
Esta ley permite aplazar, perdonar o reducir las deudas o compromisos de pago con terceros. Pero, ¿cualquiera puede acogerse a esta legislación?
¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley 25/2015, de 28 de julio, ofrece la reducción de las cargas financieras en situaciones financieras insostenibles. Por tanto, las personas físicas que han tenido un fracaso económico tienen la oportunidad de volver a empezar e, incluso, emprender de nuevo.
De lo contrario, es probable que arrastrasen la deuda a lo largo de su vida. En definitiva, se trata de equiparar los derechos de las personas jurídicas a las personas naturales. Por ejemplo, los concursos de acreedores en situaciones de quiebra.
Esta ley entiende que el ordenamiento jurídico debe proteger a los deudores en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando las circunstancias son imprevistas y se escapan del control como en el momento actual. Sin embargo, para beneficiarse de esta ley deben cumplirse algunos requisitos:
- Acreditar que no se puede hacer frente a las deudas.
- La deuda no podrá superar los 5 millones de euros.
- Buena fe del deudor.
¿Qué determina la buena fe del deudor?
Demostrar que nos encontramos en una situación de insolvencia puede ser relativamente fácil. Podemos aportar la documentación que acredite que no disponemos de patrimonio ni fuentes de ingreso para hacernos cargo de la deuda. Sin embargo, ¿cómo demostramos que estamos actuando de forma honrada?
Según esta ordenanza jurídica, obrar de buena fe significa haber actuado así:
- Intentar un acuerdo previo al concurso: el deudor debe haber iniciado una negociación previa con los acreedores, con el fin de lograr un acuerdo antes de llegar a la vía judicial.
- No haber recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad en los 10 años anteriores a su nueva solicitud.
- No tener condenas por delitos económicos o sociales: se tendrá en cuenta el historial de los últimos años.
- Haber aceptado las posibles ofertas de empleo: el deudor no podrá haber rechazado un trabajo adaptado a sus capacidades en los cuatro años previos.
¿Qué tipo de deudas se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad?
Antes de acudir a la vía judicial, podremos negociar con los acreedores nuestra deuda. Así pues, su cancelación o reducción queda en sus manos. Mientras que cuando acudimos a la vía judicial, solo se puede eliminar la deuda que queda pendiente después de una subasta o la ejecución de un inmueble.
Sin embargo, esta ley no permite cancelar las deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. De igual modo, tampoco se pueden suprimir las deudas por la manutención de los hijos.
Por ejemplo, tenemos una hipoteca de 200.000 euros y, tras la ejecución del banco, se subasta por 100.000 euros. Entonces, ¿qué sucede con la deuda pendiente? La Ley de la Segunda Oportunidad podría suprimirla, dejando libre de cargas financieras a la persona.
La solicitud de la Ley de la Segunda Oportunidad
El primer paso para iniciar el proceso es rellenar un formulario con información detallada sobre la situación. Además, deberás acudir al notario para que te designe un mediador. En el mejor de los casos, aceptarán y se presentará un plan de pagos a los acreedores. Sin embargo, esto no suele pasar.
Lo más habitual es que los acreedores no acepten y tengamos que presentar el expediente en el juzgado. De esta forma, solicitaremos el “Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”. Con el fin de poder cancelar sus deudas.
Las negociaciones no durarán más de dos meses. Sin embargo, el proceso complejo puede extenderse hasta los dos o tres años desde su inicio. Además, en el caso de actuar de mala fe o falsear los datos, los acreedores podrán tomar medidas. Existe la posibilidad de solicitar que no se aplique el acuerdo por incumplimiento de los requisitos.